Análisis de la figura procesal del amparo de pobreza como garantía de acceso a la administración de justicia

En el marco constitucional Colombiano, la garantía fundamental al acceso a la justicia para todas personas, es reconocido un bien jurídico tutelable por parte del control judicial de las Cortes. Esta connotación, propia del Estado Social de Derecho, canaliza dicho derecho como núcleo esencial del debido proceso, sumado a la carga del Estado para proporcionar solución de conflictos entre individuos en términos de igualdad. En este sentido, el artículo 229 de la Constitución Política dispone que la administración de justicia deber de ser de acceso público, por lo cual es necesario que se establezcan las medidas necesarias en procura de dicha disposición constitucional. De esta manera y para dar cumplimiento a la mencionada prerrogativa, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, se ha permitido la aplicación de la figura procesal de Amparo de Pobreza, la cual permite que las personas de escasos recursos económicos no tengan obstáculos, por su condición socioeconómica, para hacer parte de procesos judiciales, y cubre los costos de representación, agencias de derecho y costas determinadas del proceso. Con esta medida se evita la vulneración de los derechos e intereses particulares, dado que iría en contravía de los intereses del modelo de Estado y su función social.