AcercA de lA 
interpretAción en el 
control de lAs reformAs 
constitucionAles
MARIO CAJAS SARRIA
unIveRSIdAd ICeSI, CALI, COLOMBIA
recibido marzo 2, aprobado junio 13 de 2007 
About interpretation in amendment 
to the constitution control
Díkaion, ISSN 0120-8942, Año 21 - Núm. 16 - 31-47 - ChíA, ColombIA - NovIembre 2007
32
Díkaion - ISSN 0120-8942
resumen
el objetivo principal de este trabajo es analizar la actividad interpretativa 
del juez constitucional cuando se pronuncia frente a las reformas cons­
titucionales. este trabajo sostiene que la Corte Suprema de Justicia en 
su momento, y ahora la Corte Constitucional, combinan varios criterios o 
métodos de interpretación jurídica cuando justifican el incremento de sus 
facultades de control de constitucionalidad de las reformas de la Carta 
Política, mientras que acuden al criterio literal cuando se “autorrestrin­
gen” frente a esta competencia. el artículo se refiere a la interpretación y 
a los criterios de interpretación en general, y analiza la interpretación de 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (sentencias de 1978, 
1981 y de 1990), y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional entre 
los años 1992 y 2006. 
Palabras clave
Interpretación constitucional, justicia constitucional, reforma constitucional. 
Año 21 - Núm. 16 - ChíA, ColombIA - NovIembre 2007
AcercA de lA interpretAción en el control de lAs reformAs constitucionAles
33
Abstract
The main objective of this work is analyzing the interpretative activity of 
constitutional judges at the time they are making statements when faced 
with constitutional amendments.  It sustains that the Supreme Court of 
Justice at their time, and the Constitutional Court today, combine several 
juridical interpretation criteria o methods when they justify the enhance­
ment of their constitutionality control powers with respect to amendments 
to the Constitution, while they resort to the literal criteria while they “res­
trict themselves” in the face of this competence. The article refers to the 
interpretation, and the general interpretation criteria, and analyzes those 
of the Supreme Court of Justice’s jurisprudence (judgments of 1978, 1981, 
and 1990), and of the Supreme Court of Justice’s jurisprudence between 
1992 and 2006.
Key Words
Constitutional interpretation, constitutional justice, amendment to the consti­
tution.
34
Díkaion - ISSN 0120-8942
Introducción
en Colombia, el control judicial de la reforma constitucional correspondió en un 
primer periodo a la Corte Suprema de Justicia.1 este control se establece expresa­
mente, por primera vez, en la Constitución Política de 1991. es así como el artículo 
374 dispone que la reforma se podrá realizar por el Congreso de la República, una 
Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante un referendo, y el artículo 241, 
numeral 1 determina que a la Corte Constitucional corresponderá decidir sobre la 
constitucionalidad contra actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que 
sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación.
el objetivo principal de este trabajo es analizar la actividad interpretativa del juez 
constitucional cuando se pronuncia frente a las reformas constitucionales. Aquí 
sostendré que la Corte Suprema de Justicia en su momento, y ahora la Corte 
Constitucional, combinan varios criterios o métodos de interpretación jurídica 
cuando justifican el incremento de sus facultades de control de constitucionali­
dad de las reformas de la Carta Política, mientras que acuden al criterio literal 
cuando se “autorrestringen” frente a esta competencia. el orden de la exposición 
será el siguiente: se inicia con una referencia general a la interpretación y a los 
criterios de interpretación. Se continúa con el análisis de la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia (sentencias de 1978, 1981 y de 1990), para finalizar 
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional entre 1992 y el 2006. este estudio 
se enfoca más en la “práctica de la interpretación judicial”,2 es decir, en cómo los 
1 La Corte Suprema de Justicia asume la competencia para juzgar las reformas constitucionales en su sentencia 
del 5 de mayo de 1978, M. P. José María velasco Guerrero, y ejerce este control hasta 1991. entre 1910, cuando 
se establece su control judicial de la Constitución, y 1978, la Corte sostuvo que era incompetente para conocer 
de la constitucionalidad de estas reformas. 
2 “(…) puede señalarse que la centralidad de la interpretación judicial ha sido defendida mediante dos tipos de 
argumentaciones. en primer lugar, en la historia del pensamiento jurídico algunos estudiosos han reconocido 
que la interpretación judicial del derecho, y la interpretación jurídica en general, se configura como una fase 
inevitable del proceso de aplicación de las normas, en la medida en que sólo de esta forma se puede tender un 
puente entre aquéllas y las realidades que pretende regular. de esta forma, la interpretación judicial constituiría 
uno de los elementos integrantes de la naturaleza propia del derecho como sistema normativo (argumentaciones 
de carácter ontológico­jurídico). en segundo lugar, otros han tomado un camino distinto y han considerado que 
Sumario:	 Introducción.	1.	Breve	reflexión	sobre	la	interpretación	y	los	criterios	de	
interpretación.	2.	La	interpretación	judicial	de	la	reforma	constitucional.	
2.1	En	la	jurisprudencia	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia.	2.2	En	la	juris-
prudencia	de	la	corte	Constitucional.	3.	Conclusiones.
Año 21 - Núm. 16 - ChíA, ColombIA - NovIembre 2007
AcercA de lA interpretAción en el control de lAs reformAs constitucionAles
35
jueces aplican los criterios de interpretación en sus decisiones, que en las teorías 
que subyacen a los criterios y etapas de la interpretación judicial.3 
1. breve reflexión sobre la interpretación y los criterios 
de interpretación 
Sin desconocer el amplio debate entre quienes consideran que existe una profunda 
diferencia entre la interpretación constitucional y la hermenéutica legal, y quie­
nes argumentan que sólo existe diferencia de grado entre la interpretación de una 
fuente (la constitución) y la otra (la ley), aquí se hará referencia a la interpretación 
judicial en sentido general, aunque la decisión sobre la reforma constitucional 
necesariamente implique interpretar la Constitución.4 
La interpretación jurídica se comprende mejor cuando se conoce su historia y tras­
cendencia, pero además, cuando se reconoce su dificultad en la práctica. Así, por 
ejemplo, el profesor diego eduardo López explica los orígenes de la interpretación 
de los libros normativos, tanto de textos religiosos como jurídicos, y la manera 
como la hermenéutica crítica, es decir, una reflexión sistemática sobre los métodos 
correctos para interpretar, es producto de la modernidad. en la segunda mitad del 
siglo XIX, Savigny y otros autores alemanes son los creadores de la teoría general 
de la interpretación del derecho que ha dominado en europa y en América Latina, 
por ejemplo, con la consagración del Código Civil de Andrés Bello. Para Savigny, 
la interpretación de la ley se descomponía en cuatro elementos: el gramatical, el 
lógico, el histórico y sistemático. Más adelante, Rudolph von Ihering critica el “con­
ceptualismo” de Savigny y propone un mayor énfasis en la finalidad del derecho 
y de las normas, en donde el fin se considera como una adecuada comprensión 
del problema social que la ley busca resolver, y una evaluación de si, en el caso 
concreto, la aplicación de la norma se traduce en las consecuencias que se des­
la interpretación del derecho por parte del juez es una realidad en la gran mayoría de los sistemas jurídicos que 
han regido las sociedades occidentales y que puede gozar de una mayor o menor amplitud dependiendo de las 
circunstancias políticas, culturales y económicas respectivas y de la concepción del derecho que en realidad se 
tenga (argumentaciones de carácter histórico­ político)”. Cfr. Rodrigo uprimny y Andrés Rodríguez, Interpretación 
judicial, Bogotá, Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, y universidad nacional de Colombia, 
2003, p. 39. 
3 “no se puede ofrecer al estudiante o al jurista un catálogo operativo y efectivo de criterios de interpretación 
jurídica (…) estos criterios no son propiamente meras técnicas, sino más bien principios hermenéuticos sumi­
nistrados por distintas teorías jurídicas según sus propias concepciones del derecho y de su aplicación”, Cfr. 
nicolás López Calera, Teoría del derecho, Granada, editorial Comares, 2000, p. 157. 
4  A modo de ejemplo sobre este debate, autores como el profesor español Luis Prieto Sanchís han sostenido que 
la interpretación constitucional es una modalidad de la interpretación jurídica con dificultades particulares de 
su objeto normativo, de la peculiar función de los jueces constitucionales y de las consecuencias que se atri­
buyen a sus decisiones. Luis Prieto Sanchís, “notas sobre la interpretación constitucional”, Revista del Centro 
de Estudios Constitucionales, núm. 9, mayo­agosto, Madrid, 1991. de otra parte, el italiano Riccardo Guastini 
duda sobre las peculiaridades de la interpretación constitucional, que él afirma, algunos atribuyen a los agentes 
de la interpretación, las técnicas interpretativas y los problemas de la interpretación. Cfr. Riccardo Guastini, 
“¿Peculiaridades de la interpretación constitucional?, en Interpretación Constitucional, Tomo I, eduardo Ferrer 
MacGregor (coord.), México, universidad nacional Autónoma de México y editorial Porrúa, 2005, pp. 653 a 672. 
 
Díkaion, ISSN 0 20-8942, Añ  21 - úm. 16 - 31-4  - ChíA, ColombIA - NovIembre 2007
36
Díkaion - ISSN 0120-8942
prenden de su propósito. Ihering, junto a Gény, ehrlich y otros, representan una 
metodología antiformalista frente al apego a la ley escrita que propone Savigny.5 
en un recorrido muy rápido por los modelos de interpretación que históricamente 
han sido propuestos por diferentes autores, habría que aludir al positivismo nor­
mativista cuyo objeto era la búsqueda de una cierta seguridad jurídica a partir del 
ordenamiento jurídico, y en donde se podrían ubicar las obras de Hans Kelsen y 
a H. L. A. Hart, con las conocidas diferencias teóricas entre los dos. de manera 
más reciente, los modelos tópicos, hermenéuticos y argumentativos cuyo objeto 
es la fundamentación argumentativa de las decisiones, y en donde cabrían tanto 
la argumentación jurídica y la retórica de Chaim Perelman, como las teorías de la 
argumentación jurídica de neil MacCormick y Robert Alexy.6 el debate contem­
poráneo sobre la interpretación se encuentra vinculado a las transformaciones 
de la práctica y la teoría jurídica, determinado por el papel de los principios en el 
derecho y en la práctica judicial, así como el reciente protagonismo social y políti­
co de los jueces, que estarían ligados a la constitucionalización del derecho en los 
ordenamientos jurídicos nacionales.7 es así como los planteamientos teóricos de 
Ronald dworkin conciben los principios como mandatos de optimización, con una 
dimensión de peso que conlleva la ponderación o el balanceo en caso de tensión 
entre ellos.8 Finalmente, en las últimas décadas también han surgido propuestas 
teóricas consecuencialistas como el análisis económico del derecho o las visiones 
pragmáticas que consideran la corrección judicial no por la premisa normativa 
previa sino por su consecuencia social.
en cuanto a la interpretación de los jueces constitucionales en Colombia, López 
Medina presenta un interesante análisis de su evolución entre el control consti­
tucional de la Constitución de 1886 y el control de la Constitución de 1991:9 aun­
que la reforma de 1910 atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de 
anular leyes inconstitucionales, tan sólo entre 1935 y 1940 empezó a ejercer esta 
función. de esta manera se constitucionalizó la actividad del Congreso pero no la 
aplicación del derecho por parte de los jueces inferiores. Con la acción de tutela 
consagrada en la Constitución de 1991 se constitucionalizó el litigio corriente. La 
jurisprudencia de la Corte Constitucional en estos quince años ha empleado dife­
rentes elementos como el texto, la lógica, la historia, el sistema y el fin, en donde 
prepondera alguno de ellos. Sin embargo, con mayor fuerza, la Corte Constitucio­
nal hace uso de criterios hermenéuticos sistemáticos y finalistas que promueven 
la vinculatoriedad de su precedente constitucional.10
5 Cfr. diego e. López Medina, “Hermenéutica legal y hermenéutica constitucional”, en Interpretación Constitucio-
nal, Tomo II, eduardo Ferrer MacGregor (coord.), México, universidad nacional Autónoma de México y editorial 
Porrúa, 2005, pp. 779 a 793.
6 Cfr. Rodrigo uprimny Yepes, Curso de actualización en derecho constitucional e interpretación jurídica, Cali, de­
justicia y universidad Icesi, abril de 2006 (material del curso), pp. 19 a 35. 
7 Ibíd., p. 30.
8 Idem.
9 Cfr. diego e. López Medina, “Hermenéutica legal y hermenéutica constitucional”, en Interpretación Constitucio-
nal, Tomo II, eduardo Ferrer MacGregor (coord.), México, universidad nacional Autónoma de México y editorial 
Porrúa, 2005, p. 790.
10 “Mediante esta técnica de obediencia jurisprudencial, la Corte Constitucional esperaba poder difundir entre 
los jueces una visión hermenéutica abierta de la Constitución (…) la Corte insiste en que el fin u objetivo fun­
Año 21 - Núm. 16 - ChíA, ColombIA - NovIembre 2007
AcercA de lA interpretAción en el control de lAs reformAs constitucionAles
37
A continuación presento, de manera general, los criterios o métodos de interpreta­
ción como herramienta concreta de la actividad judicial11 que servirán para caracte­
rizar su uso por los jueces constitucionales en el análisis que aquí se propone.12
1. el criterio gramatical (literal) que consiste en la necesidad de captar el sentido 
lingüístico de la norma como un primer paso para su interpretación. este criterio 
pone su acento en el lenguaje de las normas de la Constitución. de esta manera, 
se trata de un ejercicio que da como resultado un segundo texto que capta el sen­
tido del texto interpretado. es una especie de traducción que expresa el sentido 
del texto original. 
2. el criterio lógico es la descomposición del pensamiento contenido en la norma, 
para establecer las relaciones lógicas que unen a sus diferentes partes. Se trata 
de la aplicación de la lógica formal para resolver los problemas de la interpreta­
ción. de manera contemporánea se recurre a la argumentación tópica, valorativa 
y prudencial. estas reglas lógicas incluirían “argumentos” como el a pari, a con-
trario, a fortiori, a generali sensu, stricta lege y ad absurdum.
3. el criterio histórico tiene una versión “subjetiva” según la cual éste consistiría 
en consultar la voluntad de quien produjo la norma, es decir, se trata de cons­
tatar el sentido que el legislador o creador de la Constitución dio a las palabras 
que usó al crear la normatividad. una segunda versión “objetiva” del criterio es 
aquella según la cual no se trata de descubrir la voluntad del creador de la nor­
ma, sino las actuales circunstancias en donde se interpreta. esta versión implica 
concebir el contexto cambiante en donde opera el derecho y que debe adaptarse 
a los cambios sociales y las circunstancias concretas.
4. el criterio sistemático se centra en la relación de la norma que se va a interpre­
tar con el resto de normas de la “vasta unidad” constituida por el sistema jurídi­
co y, además, de la plenitud del derecho, entendido como un sistema normativo.
damental de la Constitución colombiana es lograr un ‘estado social de derecho’, entendido como la obligación 
de interpretar los derechos fundamentales como principios que condujeran a una creciente igualación social 
mediante la redistribución de recursos y oportunidades (...) la cláusula ‘estado social de derecho’ fue utilizada 
como fin constitucional prioritario; y en tal calidad, se agregó, la cláusula debía integrarse en la interpretación 
sistemática de cualquier otra disposición constitucional”. Ibíd., p. 791. 
11 La polémica sobre la creación judicial de normas jurídicas es constante en la historia de la teoría del derecho. Josep Aguiló ha dicho que 
esta creación tiene que ver con el hecho de que el proceso de aplicación del derecho objetivo contribuye a la conformación del mismo y 
por lo tanto el problema para la teoría del derecho y para la teoría de las fuentes es explicar cómo se lleva a cabo esa contribución. Este 
asunto de manera reiterada se alindera en dos grandes posiciones teóricas que Aguiló sintetiza así: la primera, denominada del judicia-
lismo extremo, cuya característica es el escepticismo extremo frente a las normas jurídicas como guías de conducta, de manera que la 
decisión judicial se explica únicamente en términos de actos de voluntad. La otra posición es el deductivismo extremo cuya característica 
central sería la de considerar que el derecho objetivo es completo y cerrado y, por tanto, suministra todos los criterios necesarios para 
resolver todos los casos. Esta posición teórica indica que aplicar el derecho es deducir. Ambas posiciones considerarán la argumentación 
como algo superfluo. Véase Josep Aguiló Regla, Teoría general de las fuentes del derecho (y del orden jurídico), Barcelona, Ariel 
derecho, 2000, p. 103.
12 estos criterios los he tomado del planteamiento que hacen los autores colombianos Rodrigo uprimny y Andrés 
Abel Rodríguez, en Interpretación Judicial, Bogotá, Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa y 
universidad nacional de Colombia, 2003, p. 57.
38
Díkaion - ISSN 0120-8942
5. el criterio teleológico o finalista según el cual la norma tiene una intención o fin 
por  cumplir, el cual se puede establecer en el contexto histórico en que ésta fue 
creada. en este caso habría una finalidad de la norma, y otra sistemática de todas 
las reglas del sistema jurídico, que pueden manifestarse explícitamente en una 
norma o a través de postulados generales que reciben el nombre de principios.
6. el criterio pragmático consecuencialista que consiste en la apreciación del resul­
tado que permite al juez, atendiendo al resultado, dar lugar a la elección de una 
entre varias interpretaciones, todas ellas posibles y razonables dentro del “signi­
ficado lingüístico natural” del texto. También se puede hacer una “interpretación 
restrictiva” cuando la consideración del resultado excluye la aplicación de una 
regla que según el “sentido lingüístico natural” sería aplicable.
7. el criterio valorativo y de ponderación de intereses. Aquí se trata de que el juez 
interprete la norma bajo la luz conceptual de los valores sociales que sustentan los 
contenidos concretos de aquélla, más allá de lo que el propio juez pueda pensar, 
subjetivamente, sobre lo que es justo (jurisprudencia de valoración). Otra propuesta 
metodológica en el mismo sentido es aquella que plantea un proceso evaluativo y 
ponderativo de los intereses que se verían afectados por las soluciones que pro­
duzca la interpretación del derecho, esencialmente (pero no exclusivamente) los 
intereses de las partes que se encuentran en litigio.
8. el criterio del precedente. en los sistemas jurídicos actuales la interpretación 
que del derecho hace el juez no se realiza únicamente teniendo como objeto las 
proposiciones promulgadas por el legislador o el constituyente, sino también por 
el derecho jurisprudencial. el precedente jurisprudencial puede servir como he­
rramienta para alcanzar una interpretación más elaborada de las normas aplica­
das por un juez.13 
9. Los test a los que se recurre para determinar en el balanceo o la ponderación 
para resolver tensiones entre principios, en especial en materia de derechos fun­
damentales en colisión, pero también frente a los límites que razonablemente se 
pueden fijar al Congreso en un estado social, constitucional, democrático y de 
derecho, como por ejemplo frente a su facultad de reforma de la Constitución. 
 
2. la interpretación judicial de la reforma constitucional
2.1 En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
el 5 de mayo de 1978, con la ponencia del magistrado José María velasco Guerre­
ro, la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional el acto legislativo (AL) 2 
13  Sobre el precedente constitucional en general, véase Ana Laura Magaloni K., El precedente constitucional en el 
sistema judicial norteamericano, McGraw­Hill, Madrid, 2001. Sobre la vinculatoriedad del precedente judicial en 
Colombia, véanse, entre otros: diego eduardo López Medina, El derecho de los jueces, 2 edición, Bogotá, Legis, 
2006, y Carlos Bernal Pulido, El derecho de los derechos, Bogotá, universidad externado de Colombia, 2005. 
Para una visión comparada sobre el tema, véase neil MacCormick y Robert Summers (eds.), Interpreting Prece-
dents. A comparative Study, uSA, uK, Ashgate­darthmouth, 1997. 
Año 21 - Núm. 16 - ChíA, ColombIA - NovIembre 2007
AcercA de lA interpretAción en el control de lAs reformAs constitucionAles
39
de 1977. en este fallo, por primera vez la Corte establece que es competente para 
conocer de las demandas contra las reformas constitucionales, bajo la vigencia 
de la Constitución de 1886. entre los argumentos del fallo se destacan: el poder 
de reforma de la Constitución es constituido y debe realizarse dentro de las reglas 
fijadas por la Constitución vigente (art.  218 Cn) sobre el trámite de actos legisla­
tivos, y por ello el Congreso era incompetente para delegar su poder de reforma. 
de igual manera, fundamenta su postura en que el artículo 2 de la Constitución 
nacional, al vincular a todos los poderes públicos a la Constitución, también in­
cluye al Congreso como poder constituido, y por ello la jurisdicción de la Corte 
también comprende las reformas a la Constitución que haga el Congreso. Como 
la Constitución es un todo sistemático, las reglas que fijan los procedimientos 
son imperativas para el Congreso cuando reforma la Constitución. Para la Cor­
te, aunque los actos legislativos no estén expresamente prescritos en el artículo 
214,14 que determina los actos que están bajo el control constitucional, la guarda 
de la Constitución está referida a todos los preceptos de la Carta. el fallo también 
señala la relación necesaria entre el Título vII de la Constitución (sobre el proce­
dimiento que debe surtirse para la formación de las leyes), y el artículo 218 (so­
bre el procedimiento para reformar la Constitución). Como se evidencia, la Corte 
adopta una sistemática en dos sentidos, por un lado, en la Constitución como un 
sistema que debe interpretarse armónicamente, en todas sus reglas, y por otro, 
entendiendo este sistema como dotado por unos principios que, por ejemplo, obli­
gan al Congreso a tratar la reforma constitucional igual que una ley, en cuanto a 
que también debe respetar el procedimiento para su expedición.15
 
el fallo de 1978 acude a la interpretación literal sobre la competencia de refor­
ma por el Congreso, sistemático sobre los procedimientos de creación normativa, 
y finalista sobre el significado de la competencia del Congreso para reformar la 
Constitución, que la Corte entiende no como un poder omnímodo, sino limitado 
por la misma Carta Política. en efecto, plantea que la reforma de la Constitución 
no puede delegarse, pero al mismo tiempo su interpretación es finalista pues aun­
que la Constitución no la faculta de manera expresa para controlar la reforma, la 
Corte entiende que el principio general de la guarda de la Constitución la obliga 
a controlar el procedimiento de reforma constitucional. 
 
unos pocos años después, en la sentencia 57 del 3 de noviembre de 1981, M. P. 
Fernando uribe Restrepo, la Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucio­
nalidad del AL 01 de 1979. Según esta sentencia, el Congreso incurrió en graves 
vicios de procedimiento en la expedición de este acto legislativ y que violan tanto 
14 La Constitución de 1886 con sus reformas, vigente en la fecha del fallo, en su artículo 214 prescribía: “A la Cor­
te Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. en consecuencia, además de 
las facultades que le confieren ésta y las leyes, tendrá las siguientes... a) decidir definitivamente sobre la exe­
quibilidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el gobierno como inconstitucionales, tanto por 
su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación (...). b) decidir definitivamente sobre 
la exequibilidad de todas las leyes y decretos dictados por el gobierno en ejercicio de las atribuciones de que 
tratan los artículos 76 ordinales 11 y 12 y 80 de la Constitución nacional, cuando fueren acusados ante ella de 
inconstitucionalidad por cualquier ciudadano...”.
15 esta sentencia modifica la postura de la Corte que partía de una interpretación literal de sus facultades de con­
trol, y por ello siempre había negado la competencia para conocer de demandas contra reformas constituciona­
les. Por ejemplo, en los fallos de 1955, 1957, 1968 y 1971.
40
Díkaion - ISSN 0120-8942
la Constitución como el reglamento del Congreso. esta vulneración consistió en 
que el Congreso desconoció derechos y violó garantías al marginar a la minoría en 
el parlamento, pues la elección de las comisiones constitucionales del Congreso 
fue realizada sin emplear el sistema de cuociente electoral que permite la repre­
sentación proporcional de los partidos, y fueron estas mismas comisiones quienes 
participaron en la aprobación de la reforma constitucional. A juicio de la Corte, 
se afectaron principios básicos de la organización política que pretenden evitar 
el dominio de las mayorías. en esta sentencia aparece el criterio del precedente, 
pues la Corte recurre a su fallo de 1978 para justificar que ya modificó su juris­
prudencia y entró a conocer del control de las reformas constitucionales. También 
hace uso del mismo método sistemático del fallo de 1978, y al mismo tiempo un 
criterio finalista sobre las reglas del procedimiento para reformar la Constitución, 
que según la Corte deben reconocer los derechos de las minorías en el Congreso, 
lo cual implica acatar el principio del respeto de las mayoría sobre las minorías 
políticas en el Congreso, dentro de un régimen democrático. 
entre 1989 y 1990, en un periodo de grave crisis política y de elevación del conflicto 
armado, diversos sectores sociales, apoyados por el gobierno, promovieron la idea de 
un plebiscito para reformar la Constitución.16 el movimiento a favor de la reforma 
se denominó la “séptima papeleta”. Se proponía que en las elecciones de cuerpos 
colegiados nacionales y territoriales se incluyera una séptima opción para que los 
ciudadanos votaran si estaban de acuerdo o no con reformar la Constitución. Ésta, 
en principio, no tendría carácter jurídico vinculante, por no estar autorizada por 
la Constitución como procedimiento para su reforma. Sin embargo, el presidente 
de la república, haciendo uso de sus facultades de excepción, expide el decreto 
de estado de sitio 927 de mayo de 1990 y ordena a la Registraduría nacional del 
estado Civil contar los votos.17 el decreto consideraba que el orden público estaba 
turbado debido a la presión de grupos violentos, que había un clamor popular por 
fortalecer las instituciones, y que estas expresiones se habían hecho evidentes en 
las elecciones del 11 de marzo de 1990 cuando el pueblo manifestó su deseo de 
convocar a una asamblea nacional constituyente para reformar la Constitución. A 
16 “La violencia ha hecho parte de la vida política y social de los colombianos durante buena parte del siglo XX. 
Sin embargo, a fines de la década de 1980 el nivel de violencia relacionado con las rivalidades políticas y con el 
narcotráfico se incrementó considerablemente. en efecto, comenzó a poner en peligro los derechos y libertades 
más básicos de los colombianos. durante aquella época, el nivel de violencia generado por los carteles de la 
droga se intensificó dramáticamente. esto se debió, en parte, a las acciones jurídicas y militares adelantadas 
contra los barones de la droga por los gobiernos de los presidentes Betancur (1982­1986) y Barco (1986­1990). 
La sociedad se sintió amenazada e impotente ante el asesinato continuo de líderes políticos y sociales por parte 
de los carteles de la droga (por ejemplo, el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, el del director 
de El Espectador, el segundo diario más importante del país, y el de Luis Carlos Galán, candidato presidencial 
del Partido Liberal), así como por los actos de violencia indiscriminada que afectaban a la población civil (por 
ejemplo, las bombas que destruyeron el avión de Avianca y la sede del departamento Administrativo de Segu­
ridad)”. Cfr. daniel Bonilla Maldonado, La Constitución multicultural, Bogotá,  Siglo del Hombre, 2006, pp. 114­
115. 
17 La papeleta señalaba “Para fortalecer la democracia participativa, voto por la convocatoria de una Asamblea 
Constitucional con representación de las fuerzas sociales, políticas y regionales de la nación, integrada demo­
crática y popularmente para reformar la Constitución Política de Colombia”. Cfr. Ricardo Santa María Salaman­
ca, “Aspectos políticos del gobierno de Barco (1986­1990)”, en Nueva Historia de Colombia, tomo vII, Historia 
Política desde 1986, Bogotá, Planeta, 1998, p. 81.
Año 21 - Núm. 16 - ChíA, ColombIA - NovIembre 2007
AcercA de lA interpretAción en el control de lAs reformAs constitucionAles
41
juicio del gobierno, se debía facilitar el pronunciamiento popular permitiendo que 
la autoridad electoral contabilizara los votos. 
La Corte Suprema se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto en la 
sentencia 59 del 24 de mayo de 1990.18 Allí afirmó que las instituciones no eran 
capaces de enfrentar las sofisticadas formas de violencia que sometían al país y 
amenazaban con agravarse. Además, encontró clara la conexión entre la turba­
ción del orden público y las medidas del decreto para restablecerlo. También con­
sideró que el juicio de constitucionalidad debía  consultar la realidad social en 
donde se aplicaba la norma.19 Al mismo tiempo, la Corte señala que no se trata 
de un plebiscito o un referéndum, sino simplemente de un decreto que da una 
instrucción a la autoridad electoral para que contabilice una opinión, y que por 
tanto, no excede la facultad del presidente. este fallo resulta de gran interés, al 
menos por lo siguiente: la Corte parece ceñirse al orden constitucional señalan­
do que el decreto ordena a la Registraduría nacional contabilizar los votos sobre 
una convocatoria a una asamblea nacional constituyente, pero que no se trata de 
un intento de reforma de la Constitución. Al mismo tiempo, alude a la importan­
cia de consultar la realidad social en la aplicación del derecho y, bajo este argu­
mento, invoca el clamor popular, la turbación del orden público y la necesidad de 
conseguir la paz, como aspectos fácticos que considera evidentes. Sin embargo, 
al decidir la constitucionalidad del decreto evita, dice, juzgar si éste es un medio 
eficiente para restablecer el orden. es decir, la Corte dice que aplica la normati­
vidad constitucional (en estricto sentido literal), pero en su argumentación está 
decididamente comprometida en la valoración del contexto que precisamente po­
sibilitó la toma de la medida extraordinaria (el decreto de estado de sitio) para 
superar la crisis. de esta manera, la Corte combina criterios consecuencialistas­
pragmáticos con literales. 
el 7 de agosto de 1990 se expide el decreto 1926, “por el cual se dictan medidas 
tendientes a restablecer el orden público, consistentes en la convocatoria al pue­
blo para que elija una asamblea nacional que reforme la Constitución vigente”, 
y que entre otros fijaba un temario, el número de miembros de la asamblea y el 
procedimiento que seguiría hasta aprobar la reforma a la Constitución. La Cor­
te Suprema se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto en la sentencia 
138 de 1990 que se aprueba por 15 votos a favor y con 12 salvamentos de voto. 
La Corte, entre sus consideraciones, acude a la noción de constituyente primario 
y señala que el pueblo es la nación colombiana y que, por tanto, puede darse una 
Constitución en cualquier tiempo, sin sujetarse a los requisitos que ésta le fijaba. 
La Corte reconstruye su precedente sobre el poder del constituyente primario y 
declara la constitucionalidad del decreto, reinterpretando el concepto de “nación” 
de la Constitución vigente, entendiendo que la soberanía nacional reside en el 
pueblo y no solo en sus órganos representativos. en consecuencia, determina que 
la convocatoria a una asamblea constituyente es constitucional porque se trata 
18 el decreto se expedía con fundamento en las facultades que concedía al presidente el artículo 121 de la Cons­
titución. 
19 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia 59 del 24 de mayo de 1990. Gaceta especial, Sala Cons­
titucional, Corte Suprema de Justicia, Bogotá, 1990, p. 16.
42
Díkaion - ISSN 0120-8942
de un mecanismo en donde el pueblo ejercerá su poder constituyente al elegir un 
órgano que reformará la Constitución. en esta sentencia resulta evidente que la 
Corte acude al criterio pragmático consecuencialista y se aparta de un análisis 
gramatical, que en estricto sentido impedía la convocatoria a una asamblea para 
reformar la Constitución, pues la facultad de reforma residía de manera exclusiva 
en el Congreso de la República.20
2.2. En la jurisprudencia de la Corte Constitucional
Como se dijo, la Constitución de 1991 establece expresamente que los actos de re­
forma constitucional deben ser controlados por la Corte Constitucional. desde el 
comienzo de su jurisprudencia la Corte es enfática en sostener que el control de las 
reformas constitucionales únicamente comprende los aspectos formales, de confor­
midad con el artículo 241, numeral 2 de la Constitución, es decir, “solo por vicios 
de procedimiento en su formación”. esta primera etapa del control se ve reflejada 
en sentencias como la C­222 de 1997, C­543 de 1998 y C­487 de 2002. en estas 
decisiones la Corte aplica dos criterios de interpretación: el literal sobre sus fun­
ciones de control de la reforma, que entiende se refieren únicamente al trámite de 
la reforma, así como también el sistemático en torno a las demás reglas del orden 
jurídico que determinan el procedimiento de creación normativa por el Congreso. 
en la sentencia C­222 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, se declara 
exequible el AL 01 de 1996. Para la Corte, el procedimiento para reformar la Cons­
titución por medio de un acto legislativo es reglado y debe seguir la Constitución 
y la Ley 5 de 1992 (Orgánica del Congreso de la República). Aclara que no todos 
los artículos de la ley sobre trámites legislativos son aplicables a los actos legis­
lativos y señala aquellos que encuentra incompatibles con la Constitución y que 
por lo tanto no obligan al Congreso cuando reforma la Constitución. Luego, en la 
C­ 543 de 1998, M. P. Carlos Gaviria díaz, se declara exequible el AL 01 de 1997 
(modifica el artículo 35 CP y así permite la extradición de nacionales colombia­
nos) y se reitera que la reforma de la Constitución únicamente puede ser juzgada 
respecto a los vicios de procedimiento.21 Finalmente, en la C­487 de 2002, M. P. 
Alfredo Beltrán Sierra se declara exequible el parágrafo transitorio (parcial) del 
artículo 3 del Acto Legislativo 001 del 30 de julio de 2001 que modificó el sistema 
general de participaciones de las entidades territoriales. 
20 el salvamento de voto considera que la mayoría de la Corte excedió su competencia al manifestarse sobre la 
conveniencia de la convocatoria a una asamblea nacional, contrario a lo decidido en la sentencia 59 de 1990. 
Los magistrados disidentes advierten que se está en el peligro del “gobierno de los jueces”. C itican la extensión 
de las facultades de estado de sitio, pues según su criterio se están usando para reformar la Constitución, des­
conociendo la facultad exclusiva que la Constitución radica en el Congreso de la República. 
21 en la sentencia, la Corte decidió la inconstitucionalidad de la expresión que facultaba al legislador para regla­
mentar la extradición, debido a que esta parte no surtió los ocho debates reglamentarios, pues fue incluida en 
la segunda vuelta del trámite del acto legislativo en el Congreso. Cfr. Corte Constitucional, sentencia C­543 de 
1998.
Año 21 - Núm. 16 - ChíA, ColombIA - NovIembre 2007
AcercA de lA interpretAción en el control de lAs reformAs constitucionAles
43
el cambio jurisprudencial de la Corte se produce en el año 2003, cuando el gobierno 
nacional promueve la realización de un referendo para reformar la Constitución de 
1991. Como lo prevé el artículo 378 de la Carta Política, el referendo constitucio­
nal exige que la convocatoria se produzca a través de una ley. en el control previo 
a la Ley 796 de 2003, que convocó al referendo, la Corte Constitucional profiere 
la sentencia C­551 de 2003 (M. P. eduardo Montealegre Lynett), y declara la in­
constitucionalidad de gran parte del articulado que contenía las preguntas que se 
harían al pueblo para reformar la Constitución.22 La Corte considera que varias 
de estas preguntas vulneran la Constitución y, por tanto, no se pueden formular 
y someter a la decisión popular. en este fallo se construye un concepto de límites 
de competencias a partir de una interpretación no literal de las funciones de la 
Corte Constitucional, entre las que se encuentra la del artículo 241, numeral 1 
CP: “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciu­
dadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su 
origen, solo por vicios de procedimiento en su formación”. Para la Corte, el Con­
greso puede reformar la Constitución pero no sustituirla pues esta última facultad 
únicamente reside en el pueblo que es el verdadero constituyente. 
La Corte estima que la competencia para reformar la Constitución es un proble­
ma de procedimiento y por lo tanto está dentro de sus facultades de control. Así, 
aparece el concepto de límites de competencias, que consiste en la carencia de 
competencia del Congreso para sustituir la Constitución vigente, mientras que se 
le permite únicamente reformar la Carta Política. Para establecer si el Congreso 
reformó o sustituyó la Constitución, se juzgan los elementos que dotan de identi­
dad a la carta vigente frente a los que se introducen en la reforma. La Corte llega a 
esta conclusión después de un análisis sistemático de la Constitución: el artículo 
241 (CP) la faculta para controlar la convocatoria a un referendo para reformar 
la Constitución, “sólo por vicios de procedimiento en su formación”, y al mismo 
tiempo, el artículo 379 de la Carta prescribe que “los actos legislativos, la convo­
catoria a referendo, la consulta popular o el acto de convocación de la asamblea 
Constituyente, sólo podrán ser declarados inconstitucionales cuando se violen los 
requisitos establecidos en este título”. Por esto, la Corte establece que el análisis 
sistemático de la Constitución, cuando menos, incluye a las dos normas citadas, 
al título XIII de la Constitución; al Reglamento del Congreso, y a la Ley estatuta­
ria de los Mecanismos de Participación Ciudadana. 
Como se aprecia, en la sentencia C­551 de 2003 aparecen varios criterios de in­
terpretación: de un lado, la Corte se aparta del análisis literal de sus funciones 
de control de la reforma constitucional, que había prevalecido desde el inicio de 
la jurisprudencia, y en su lugar aplica el criterio sistemático sobre las reglas de 
procedimiento de reforma constitucional por el Congreso, y recurre a los princi­
pios y valores que informan la Constitución del estado social de derecho y que 
impiden su sustitución, estableciendo el límite que se ha mencionado. Al mismo 
22 La ley constaba de veinte preguntas que se harían a los electores para incorporar reformas a más de veinte  ar­
tículos de la Constitución, incluidas la supresión de contralorías y personerías municipales, reforma al sistema 
pensional, disminuir el tamaño del Congreso, y, entre otras, penalizar el consumo y porte de dosis personal, 
que ya la Corte Constitucional había despenalizado en una polémica decisión (sentencia C­221 de 1994). 
44
Díkaion - ISSN 0120-8942
tiempo se aprecia un criterio teleológico o finalista sobre el significado de los “vi­
cios de procedimiento” que incluyen la competencia e impiden que el Congreso 
sustituya la Constitución pues se invadiría la competencia del pueblo como po­
der constituyente.
La consolidación del precedente constitucional sobre los límites del Congreso 
cuando reforma la Constitución se produce de manera gradual entre los años 
2003 y 2006, a través de la elaboración del test de sustitución para determinar si 
el Congreso reformó o sustituyó la Constitución. Algunas de las sentencias que 
contribuyen a esta construcción de la Corte son la C­1200 de 2003, las C­572 de 
2004, la C­970 y C­971 de 2004 y la C­242 de 2005. Todos estos pronunciamien­
tos reiteran la formulación inicial del concepto de límites de competencia frente a 
la reforma constitucional, y de manera gradual van sofisticando el test de susti­
tución, aunque en ninguno de ellos conceden este cargo a los demandantes.23 
Pero, sin lugar a dudas, uno de los momentos decisivos en la jurisprudencia de la 
Corte gira en torno al control del Acto Legislativo 02 de 2004, que permitió la re­
elección presidencia inmediata a Álvaro uribe vélez. Los partidarios del presidente 
uribe estaban de acuerdo con la reforma constitucional, mientras que sus oposi­
tores clamaban por un fallo de inconstitucionalidad de la reforma. Los críticos de 
la reforma aducían que se trataba de un acto legislativo aprobado para permitir 
la reelección del presidente en ejercicio. Contra esta reforma se formularon nume­
rosas demandas de inconstitucionalidad,24 pero la Corte la declaró ajustada a la 
Constitución en la sentencia C­1040 de 2005,25 M. P. Manuel José Cepeda, Rodrigo 
escobar, Clara I. vargas, Álvaro Tafur, Marco Gerardo Monroy y Humberto Sierra. 
Aquí reiteró el precedente de las sentencias anteriores, en donde había sostenido 
que el Congreso puede reformar mas no sustituir la Constitución. También mantie­
ne la metodología del juicio (test) de sustitución. en cuanto a los cargos por vicios 
23 Me refiero de manera detallada a esta línea jurisprudencial en “Reforma constitucional: límites de la Corte al 
Congreso”, en Precedente, Anuario Jurídico 2004, Cali, Facultad de derecho y Ciencias Sociales, universidad 
Icesi. 
24 Los cargos principales de los actores pueden sintetizarse así: no se trata de una reforma sino de una sustitución 
de la Constitución Política, facultad que radica de manera exclusiva en el pueblo soberano, y cuyo ejercicio por 
parte del Congreso configuraría una extralimitación en sus competencias de reforma constitucional, y el acto 
legislativo vulnera principios de la Constitución Política y genera consecuencias negativas para el ordenamien­
to constitucional. Para muchos de los demandantes los procedimientos constitucionales garantizan principios 
fundamentales del ordenamiento jurídico colombiano, de naturaleza sustancial, cuya inobservancia vulnera: 
a) el estado social y democrático de derecho; b) la igualdad; c) el pluralismo político; d) la seguridad jurídica; e) 
la prevalencia del interés general sobre el particular, y f) la separación de poderes. Las consecuencias de la re­
forma, según aducen algunos de los demandantes, son: a) vulneración de los límites a la función reformatoria 
de la Constitución por parte del Congreso, en su condición de constituyente derivado; b) el paso de un régimen 
presidencial a un régimen presidencialista; c) la pérdida de la autonomía del Congreso; d) la politización de la 
burocracia; e) la pérdida de la autonomía del Banco de la República; f) una distorsión en el proceso electoral; 
g) cambios en la tradición constitucional colombiana; h) cambios en la forma de gobernar y en las condicio­
nes de la representación, y h) la alteración de las prácticas gubernamentales y del orden político institucional. 
Por ejemplo, ver el expediente d5696,  Acto Legislativo 02 de 2004. Castro Jaime y otros, M. P. Jaime Córdoba 
Triviño. 
25 La Corte Constitucional profirió las sentencias C­1040, C­1041, C­1042, C­1043, C­1044, C­1045, C­1046, 
C­1047, C­1048, C­1049, C­1050, C­1051, C­1052, C­1053, C­1054, C­1055, C­1055, C­1056 y C­1057 el 20 
de octubre de 2005 para resolver múltiples demandas en contra del Acto Legislativo 02 de 2004. en algunas 
de ellas la Corte se declara inhibida para fallar, y en otras decide estarse a lo resuelto en la sentencia C­1040 
de 2005. 
Año 21 - Núm. 16 - ChíA, ColombIA - NovIembre 2007
AcercA de lA interpretAción en el control de lAs reformAs constitucionAles
45
de procedimiento, para la Corte la interpretación de la Ley 5 de 1992 (ley orgáni­
ca o reglamento del Congreso), debe hacerse sólo con respecto de las normas que 
no sean incompatibles con el trámite de la reforma constitucional previsto por la 
Constitución, y además, que el Congreso tiene un margen razonable de interpre­
tación de dicha ley. La Corte distingue entre errores irrelevantes, irregularidades 
reglamentarias y vicios de procedimiento, en donde sólo estos últimos producen 
la inconstitucionalidad de la reforma, pero señala que existe la posibilidad de que 
puedan ser corregidos por el mismo Congreso durante el trámite. 
La Corte concedió uno de los cargos por sustitución, referido a que el Consejo 
de estado quedaba facultado para expedir una ley de garantías para el proceso 
electoral de la campaña presidencial, en caso de que el Congreso no alcanzara a 
expedirlo. La Corte considera que el Congreso no estaba facultado para aprobar 
una norma constitucional que permitiera al Consejo de estado, un órgano judi­
cial, suplir al Congreso de la República para expedir la ley de garantías, en caso 
de cumplirse el término fijado sin que el Congreso hubiese aprobado dicha ley.26 
esta sentencia reitera los criterios literal, sistemático y del precedente, pero sobre 
todo este último, en cuanto a que aplica el juicio de sustitución como método para 
decidir la constitucionalidad de la reforma. 
en el año 2006 la Corte Constitucional resolvió tres demandas en contra del Acto 
Legislativo 01 de 2005 (reforma pensional), que ha sido acusado de sustituir la 
Constitución. en todas ha mantenido el criterio del precedente para determinar 
la sustitución. es así como en la sentencia C­472, M. P. Manuel José Cepeda es­
pinosa, se demanda el artículo 1 (parcial) del Acto Legislativo 01 de 2005 (reforma 
pensional) y la Corte se declaró inhibida para fallar por ineptitud sustantiva de 
la demanda. La sentencia C­740, M. P. Manuel J. Cepeda, reiteró los argumentos 
de la sentencia C­472 de 2006 y afirmó que el demandante no planteó el cargo de 
sustitución de la Constitución sino un control material de la reforma, a la luz de 
los derechos establecidos por la Carta, lo cual constituiría un juicio material que 
escapa a la competencia de la Corte. Por último, en la sentencia C­986 de 2006, 
M. P. Manuel José Cepeda, determina que no es posible ejercer la revisión de cons­
titucionalidad de un acto legislativo por su contenido material pues la competencia 
de la Corte se limita exclusivamente a conocer de la inconstitucionalidad por vicios 
de procedimiento en su formación, o a efectuar un juicio de sustitución. en este 
caso la Corte estima que ninguno de los cargos del actor cumple con la carga de 
argumentación necesaria para demostrar la sustitución de la Constitución.
3. conclusiones
Como afirmé al inicio de este escrito, las sentencias que producen un cambio ju­
risprudencial frente al control de la reforma constitucional recurren a una com­
26 entre el 2003 y el 2006, tan sólo en esta sentencia se concede el cargo de sustitución. Aunque debe aclararse 
que esta decisión no tuvo efectos reales sobre la reforma, pues el Congreso aprobó la ley estatutaria de garantías 
electorales antes de que se cumpliera el plazo fijado por el Acto Legislativo 02 de 2004, y por  tanto el Consejo 
de estado no ejerció funciones legislativas. 
46
Díkaion - ISSN 0120-8942
binación de criterios de interpretación para legitimar estas decisiones. Así, por 
ejemplo, aparecieron  varios criterios cuando se declaró la inconstitucionalidad 
de la “pequeña constituyente” en 1978; en aquella que decidió la inexequibilidad 
de la reforma de 1979; en la que dio vía libre a la convocatoria de una asamblea 
Constituyente en 1990, y en la que declaró inexequible gran parte de las pregun­
tas del referendo constitucional de 2003. La excepción podría ser la declaratoria 
de constitucionalidad de la reelección presidencial en el 2005, pero en este caso 
se trató de una estricta aplicación del test de sustitución, y del precedente cons­
truido entre los años 2003 y 2006.
Por último, es necesario un análisis que dé cuenta no sólo de la justificación de 
los fallos, sino también del contexto político en que éstos se producen. Así, por 
ejemplo, se ofrecería un panorama más completo de las decisiones judiciales so­
bre algunas reformas que se producen en momentos de alta tensión política (por 
ejemplo en 1978, 1981, 1990 y en el 2003), cuando tal vez de manera coinciden­
cial el juez constitucional deja de lado el criterio literal como única herramienta 
de interpretación. 
bibliografía 
Libros
Aguiló Regla, Josep, Teoría general de las fuentes del derecho (y del orden jurídico), 
Barcelona, Ariel derecho, 2000. 
Bernal Pulido, Carlos, El derecho de los derechos, Bogotá, universidad externado 
de Colombia, 2005. 
Bonilla Maldonado, daniel, La Constitución multicultural, Bogotá, Siglo del Hom­
bre, 2006. 
Guastini, Ricardo, “¿Peculiaridades de la interpretación constitucional?, en Inter-
pretación Constitucional, Tomo I, eduardo Ferrer MacGregor (coord.), México, 
universidad nacional Autónoma de México y editorial Porrúa, 2005, pp. 653 
a 672.
López Calera, nicolás, Teoría del derecho, Granada, editorial Comares, 2000. 
López Medina, diego eduardo, El derecho de los jueces, 1 y 2 edición, Bogotá, Le­
gis, 2000, 2006.
Magaloni, Ana Laura, El precedente constitucional en el sistema judicial norteame-
ricano, Madrid, McGraw­Hill, 2001.
Martínez Roldán, Jesús y Fernández Suárez, Jesús, Curso de teoría del derecho, 
Barcelona,  Ariel, 1997.   
Año 21 - Núm. 16 - ChíA, ColombIA - NovIembre 2007
AcercA de lA interpretAción en el control de lAs reformAs constitucionAles
47
Prieto Sanchís, Luis, “notas sobre la interpretación constitucional”, Revista del 
Centro de Estudios Constitucionales, núm. 9, mayo­agosto, Madrid, 1991. 
uprimny Yepes, Rodrigo y Rodríguez, Andrés Abel, Interpretación judicial, Bogotá, 
Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa y universidad nacio­
nal de Colombia, 2003. 
Artículos de revistas 
Cajas Sarria, Mario, “Reforma constitucional: límites de la Corte al Congreso”, en 
Precedente, Anuario Jurídico 2004, Cali, Facultad de derecho y Ciencias So­
ciales, universidad Icesi, 2005.
López Medina, diego eduardo, “Hermenéutica legal y hermenéutica constitucional” 
en Interpretación Constitucional, Tomo II, eduardo Ferrer MacGregor (coord.), 
México, universidad nacional Autónoma de México y editorial Porrúa, 2005. 
Rodríguez, César, “Teoría del derecho y decisión judicial: en torno al debate entre 
H.L.A. Hart y R. dworkin”, en La decisión judicial: el debate Hart-Dworkin, Bogo­
tá, Facultad de derecho, universidad de los Andes, Siglo del Hombre, 1997. 
Jurisprudencia
Corte Constitucional, jurisprudencia del periodo 1992 a 2005. Consulta en las 
bases de datos de notinet, http://www.notinet.com.co/ y Lexbase, http://
www.lexbase.com.co
Corte Suprema de Justicia, Gaceta Judicial, años 1979, 1981, y Gaceta especial 
de la Sala Constitucional, Bogotá, 1990.
Otros materiales
uprimny Yepes, Rodrigo, Curso de actualización en derecho constitucional e inter-
pretación jurídica (material del curso), dejusticia y universidad Icesi, Cali, abril 
de 2006 (mimeo).