El respeto por la dignidad humana y la igualdad real y efectiva, constituyen una condición, sin la cual es imposible lograr un desarrollo social que de cumplimiento a los fines del Estado, es por esto que a este le corresponde promover condiciones para garantizar esta igualdad y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados. La Constitución Política de 1991 dio la posibilidad de dar un gran salto social creando un marco normativo garantista, que permite la inclusión efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad.
