Espacio público y el derecho al trabajo, una lectura constitucional a la ponderación de derechos en Cali

El presente proyecto analiza la tensión constitucional existente entre la restitución y conservación del espacio público como derecho colectivo (artículo 82 de la Constitución Política y Ley 1801 de 2016) y la garantía de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al trabajo y al mínimo vital de los vendedores informales en Colombia. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático-jurídico, el estudio examina la encrucijada que enfrentan las administraciones locales al mediar en este conflicto: la ejecución sancionatoria directa o la aplicación de la jurisprudencia constitucional integrada en la Ley 1988 de 2019 y el Decreto 801 de 2022. Se concluye que el ordenamiento jurídico colombiano condiciona la primacía del interés general a la prueba de proporcionalidad y al respeto del principio de confianza legítima, obligando a los entes territoriales a agotar procesos censales, concertados y de oferta previa de alternativas de reubicación o reconversión económica antes de proceder con el desalojo o control policivo del espacio urbano.

This research project analyzes the constitutional tension between public space preservation as a collective right (Article 82 of the Colombian Constitution and Law 1801 of 2016) and the protection of fundamental rights to human dignity, work, and minimum livelihood (mínimo vital) for informal street vendors in Colombia. Utilizing a qualitative and legal-doctrinal approach, the study evaluates the dilemma local governments face when mediating this conflict: applying direct administrative sanctions versus adhering to constitutional jurisprudence incorporated into Law 1988 of 2019 and Decree 801 of 2022. The study concludes that the Colombian legal framework subjects the supremacy of the public interest to a proportionality test and the principle of legitimate expectations. Consequently, local authorities are legally required to execute socio-economic surveys, foster dialogue, and provide viable relocation or economic transition offers prior to initiating police enforcement or eviction measures in public spaces.