Articulación multisectorial y juntas de acción comunal en Colombia: desafíos y oportunidades en el marco de la Ley 2166 del 2021

La presente investigación analiza los desafíos y oportunidades que la Ley 2166 de 2021 plantea para las Juntas de Acción Comunal. Esta Ley, fue diseñada para fortalecer las Juntas de Acción Comunal (JAC) y dinamizar la participación ciudadana en Colombia, sin embargo, enfrenta barreras significativas en su diseño institucional, socialización y ejecución práctica. A partir de un enfoque socio-jurídico, se analiza diversos factores como la limitada formación de los dignatarios comunales, la baja capacidad de gestión local y la débil articulación interinstitucional, que obstaculizan su aplicación efectiva, especialmente en contextos donde persiste una presencia diferenciada del Estado. En este escenario de asimetría territorial, se pone en evidencia la relevancia de las empresas privadas, como actores claves, quienes a través de su Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y filantropía, en articulación con organizaciones sin ánimo de lucro, desarrollan acciones formativas para el empoderamiento de las JAC. A través del análisis de dos estudios de caso impulsados por la Corporación A&P ‘Acción y Participación’ en alianza con empresas del sector industrial del Valle del Cauca, y Entidades Sin Ánimo de Lucro de significativo reconocimiento en la región, como la Fundación Carvajal y la Unidad de Acción Vallecaucana, se demuestra la viabilidad de modelos de fortalecimiento comunal que combinan financiación privada, experticia social y compromiso territorial. La investigación concluye que, para hacer efectivos los principios Constitucionales de Participación Ciudadana reconocidos por el Estado y formalizados en la Ley 2166, se requiere de un ecosistema de corresponsabilidad entre actores de diferentes sectores, promovido por el Estado mediante incentivos tributarios, reputacionales y normativos que estimulen alianzas estratégicas de largo aliento, capaces de cerrar brechas estructurales y democratizar realmente la participación ciudadana en todo el país.

This research analyzes the challenges and opportunities posed by Law 2166 of 2021 for Colombia's Community Action Boards (Juntas de Acción Comunal – JAC). Although this law was designed to strengthen JACs and revitalize citizen participation, it faces significant barriers in its institutional design, dissemination, and practical implementation. Using a socio-legal approach, the study examines key factors such as the limited training of community dignitaries, low local management capacity, and weak inter-institutional coordination, all of which hinder the law’s effective application — particularly in contexts marked by an uneven presence of the State. Within this landscape of territorial asymmetry, the role of private companies becomes especially relevant. Through Corporate Social Responsibility (CSR) and philanthropic initiatives, in coordination with nonprofit organizations, these actors are promoting training and empowerment processes for JACs. Through the analysis of two case studies led by the nonprofit organization Corporación A&P ‘Action and Participation’, in alliance with industrial sector companies from Valle del Cauca, and highly recognized nonprofit organizations in the region like Fundación Carvajal and Unidad de Acción Vallecaucana, the research demonstrates the viability of community strengthening models that integrate private financing, social expertise, and territorial commitment. The study concludes that, in order to effectively implement the constitutional principles of citizen participation — recognized by the State and formalized in Law 2166, there must be an ecosystem of co-responsibility among diverse sectors. This ecosystem should be promoted by the State through tax, reputational, and regulatory incentives that encourage long-term strategic alliances capable of closing structural gaps and meaningfully democratizing citizen participation throughout the country.