Hacia una protección igualitaria del derecho humano a ser elegido: análisis del marco jurídico colombiano y sus desafíos

La presente investigación analiza la asimetría jurídica que persiste en el derecho disciplinario colombiano tras la expedición de la Ley 2094 de 2021 y el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la Sentencia C-030 de 2023. A raíz del fallo Petro Urrego Vs. Colombia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano reservó de manera exclusiva a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la ratificación o ejecución de sanciones de destitución e inhabilitación dictadas por la Procuraduría contra servidores públicos de elección popular. Sin embargo, el estudio evidencia que esta protección reforzada excluye a los demás servidores públicos (de carrera, libre nombramiento y remoción, de prestación de servicios) y particulares en función pública, quienes continúan expuestos a la pérdida de su derecho político al acceso a cargos públicos por decisión directa de autoridades administrativas sancionatorias. La investigación examina si esta dicotomía genera un trato discriminatorio, vulnera el principio de igualdad y contraviene el alcance general del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

This research examines the persistent legal asymmetry within Colombian disciplinary law following the enactment of Law 2094 of 2021 and Constitutional Court Decision C-030 of 2023. In response to the Inter-American Court of Human Rights judgment in Petro Urrego v. Colombia, the Colombian legal system required Council of State judicial review before implementing administrative disqualification or removal penalties issued by the Inspector General’s Office (Procuraduría) against democratically elected officials. However, the study demonstrates that non-elected public servants (career civil servants, political appointees) and private individuals exercising public functions remain excluded from this judicial guarantee, leaving their political right to hold public office subject to direct administrative sanctions. The paper evaluates whether this dual framework creates discriminatory treatment, violates equal protection principles, and misinterprets the broader scope of Article 23 of the American Convention on Human Rights.