2025-06-01, González Bermúdez, Angela, Bonilla Bustos, María José

La presente investigación analiza la naturaleza jurídica, la estructura funcional y el impacto de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) dentro del sistema del Derecho Administrativo Ambiental en Colombia. Creada mediante los Decretos Ley 3573 y 3578 de 2011 para centralizar la evaluación, otorgamiento, seguimiento y control de licencias ambientales previamente dispersas en diversas instituciones, la ANLA se consolida como el órgano técnico autónomo competente para garantizar que los proyectos de gran escala se ejecuten bajo principios de desarrollo sostenible. A través de la revisión del marco regulatorio (Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 y Ley 2232 de 2022), el estudio evalúa la efectividad de la ANLA en el ejercicio de sus cuatro funciones esenciales: evaluación técnica previa, monitoreo y sanción policivo-ambiental, gestión de información socioambiental y garantía de la participación ciudadana. Se concluye que la centralización del licenciamiento ha optimizado la seguridad jurídica y el rigor normativo, situando a la entidad como un actor estratégico en la ponderación entre el desarrollo económico y la conservación ambiental.

2024-12-10, Trujillo Florez, Andres Felipe, Escandon Lozano, Claudia Lorena

En Colombia, las empresas que administran recursos públicos cuentan con un régimen general de contratación, contemplado en la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, denominada Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), y una serie de regímenes exceptuados que aplican normas de derecho especial o privado, como es el caso de las empresas de servicio público domiciliarias. Los contratos celebrados por entidades sujetas al EGCAP se denominan, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, Contratos de Estado, y los celebrados bajo regímenes exceptuados, que por disposición legal incluyen a las Empresas de Servicio Público Domiciliarias, se denominan Contratos Especiales de Estado. Estas últimas entidades están sujetas a un régimen exceptuado de la EGCAP debido a su carácter estratégico y su impacto en el bienestar de la población y sus usuarios, de conformidad con los mandatos constitucionales de los artículos 333, 365 y 367 de la Constitución y su desarrollo jurídico especial consagrado en la Ley 142 de 1994. En el proceso de liquidación de los contratos especiales del Estado celebrados por estas empresas de servicio público (en adelante, ESP), pueden surgir situaciones en las que se cometan irregularidades que den lugar a responsabilidades de distinta índole. Sin embargo, no existe claridad en la legislación vigente sobre cómo tratar este tipo de casos, especialmente en lo que respecta a la determinación de la responsabilidad penal por la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales en la fase de liquidación de las empresas de servicio público domiciliadas. Además, la complejidad de los contratos y la diversidad de actores involucrados (funcionarios públicos, contratistas, subcontratistas, etc.) complican la atribución de responsabilidades.

2025-06-01, Ayala Rivera, Mayerly, Arboleda Moreno, Sandra Milena, Castillo Balcázar, Daniel, Giraldo Gómez, Luis Felipe

La presente investigación cualitativa y dogmático-jurídica evalúa la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano (Art. 90 C.P.) derivada de las modificaciones intempestivas al Subsidio de Vivienda Familiar introducidas por el Decreto 490 de 2023. El estudio demuestra cómo la alteración de los requisitos de acceso al programa "Mi Casa Ya" desestructuró el cierre financiero de compradores de bajos y medianos ingresos, induciendo el incumplimiento de promesas de compraventa y encargos fiduciarios suscritos con constructoras. Ante la ausencia de un régimen de transición que tutelara los negocios en curso, los compradores perdieron los subsidios y enfrentaron la activación de cláusulas penales. A través del análisis jurisprudencial del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en materia de daño antijurídico, daño especial y confianza legítima, la investigación demuestra que los consumidores sufrieron un daño antijurídico imputable al Estado, sustentando la viabilidad de la acción de reparación directa para el reembolso de las sanciones contractuales e indemnización de perjuicios.

2025-06-01, López Borja, Catherin Melissa, Arenas, Juan Fernando

La incorporación de la virtualidad en los procesos penales en Colombia, impulsada por normativas como el Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022, representa un gran avance hacia la modernización de la justicia. Esto facilita el acceso a comunidades en zonas remotas y contribuye a reducir los costos de desplazamiento. Sin embargo, este avance enfrenta desafíos estructurales que limitan su efectividad, especialmente en un país donde las desigualdades tecnológicas son evidentes. La brecha digital, que deja al 42% de los hogares rurales sin acceso a internet, según datos del DANE (2024), crea importantes barreras para comunidades vulnerables, como las poblaciones indígenas y afrodescendientes, que carecen de dispositivos o buenas conexiones para participar en audiencias virtuales. Esta situación pone en peligro la equidad procesal y subraya la necesidad de una inversión estratégica en infraestructura tecnológica, como la mejora de la conectividad en zonas remotas y el establecimiento de puntos de acceso comunitarios, para garantizar que la justicia digital sea inclusiva y no exacerbe las desigualdades existentes. El principio de inmediatez, fundamental en el sistema penal adversarial, está experimentando una transformación significativa en el entorno digital. Si bien las plataformas tecnológicas permiten que los procesos continúen, también introducen filtros que dificultan la percepción directa de las pruebas, lo que afecta la capacidad del juez para captar matices no verbales cruciales para evaluar la credibilidad de los testigos. Las interrupciones técnicas, registradas en un tercio de las audiencias virtuales entre 2020 y 2023, fragmentan el debate y ponen en entredicho la continuidad necesaria para un juicio justo. Para afrontar este desafío, es fundamental desarrollar protocolos técnicos que garanticen la calidad de las transmisiones y sistemas de respaldo que minimicen las fallas, permitiendo así una adaptación de la inmediatez que mantenga su propósito sin depender exclusivamente de la presencia física.