La inmediación judicial en la era digital: Retos y riesgos del juez y las partes de un litigio en los procesos penales

La incorporación de la virtualidad en los procesos penales en Colombia, impulsada por normativas como el Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022, representa un gran avance hacia la modernización de la justicia. Esto facilita el acceso a comunidades en zonas remotas y contribuye a reducir los costos de desplazamiento. Sin embargo, este avance enfrenta desafíos estructurales que limitan su efectividad, especialmente en un país donde las desigualdades tecnológicas son evidentes. La brecha digital, que deja al 42% de los hogares rurales sin acceso a internet, según datos del DANE (2024), crea importantes barreras para comunidades vulnerables, como las poblaciones indígenas y afrodescendientes, que carecen de dispositivos o buenas conexiones para participar en audiencias virtuales. Esta situación pone en peligro la equidad procesal y subraya la necesidad de una inversión estratégica en infraestructura tecnológica, como la mejora de la conectividad en zonas remotas y el establecimiento de puntos de acceso comunitarios, para garantizar que la justicia digital sea inclusiva y no exacerbe las desigualdades existentes. El principio de inmediatez, fundamental en el sistema penal adversarial, está experimentando una transformación significativa en el entorno digital. Si bien las plataformas tecnológicas permiten que los procesos continúen, también introducen filtros que dificultan la percepción directa de las pruebas, lo que afecta la capacidad del juez para captar matices no verbales cruciales para evaluar la credibilidad de los testigos. Las interrupciones técnicas, registradas en un tercio de las audiencias virtuales entre 2020 y 2023, fragmentan el debate y ponen en entredicho la continuidad necesaria para un juicio justo. Para afrontar este desafío, es fundamental desarrollar protocolos técnicos que garanticen la calidad de las transmisiones y sistemas de respaldo que minimicen las fallas, permitiendo así una adaptación de la inmediatez que mantenga su propósito sin depender exclusivamente de la presencia física.

The incorporation of virtuality in criminal proceedings in Colombia, driven by regulations such as Decree 806 of 2020 and Law 2213 of 2022, represents a great step towards the modernization of justice. This facilitates access to communities in remote areas and helps reduce travel costs. However, this advance faces structural challenges that limit its effectiveness, especially in a country where technological inequalities are evident. The digital divide, which leaves 42% of rural households without internet access, according to DANE data (2024), creates significant barriers for vulnerable communities, such as indigenous and Afro-descendant populations, who lack devices or good connections to participate in virtual hearings. This situation endangers procedural equity and highlights the need for strategic investment in technological infrastructure, such as improving connectivity in remote areas and establishing community access points, to ensure that digital justice is inclusive and does not exacerbate existing inequalities. The principle of immediacy, which is fundamental in the adversarial criminal system, is undergoing a significant transformation in the digital environment. Although technological platforms allow processes to continue, they also introduce filters that hinder the direct perception of evidence, which affects the judge's ability to capture non-verbal nuances crucial for evaluating witness credibility. Technical interruptions, reported in a third of virtual hearings between 2020 and 2023, fragment the debate and challenge the necessary continuity for a fair trial. To face this challenge, it is essential to develop technical protocols that guarantee the quality of transmissions and backup systems that minimize failures, thus allowing an adaptation of immediacy that maintains its purpose without depending solely on physical presence.