Las políticas públicas como mecanismo de acceso al derecho a la vivienda para población migrante venezolana

La presente investigación demuestra las barreras de acceso al derecho a una vivienda digna que enfrenta la población migrante venezolana en Colombia debido al carácter excluyente del marco regulatorio actual (Decreto 1077 de 2015). A pesar de los avances jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de los mandatos de los artículos 13 y 100 de la Carta Política, la falta de reconocimiento explícito de los documentos de regularización —como el Permiso de Protección Temporal (PPT) y el Permiso Especial de Permanencia (PEP)— dentro del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social (VIS) constituye una discriminación indirecta por razones de nacionalidad. A través de un análisis doctrinal y dogmático-jurídico, el estudio plantea una propuesta de política pública diferenciada de viabilidad reglamentaria que faculta al Ministerio de Vivienda a modificar el Decreto 1077 de 2015. Esta reforma busca autorizar la inclusión formal de la población migrante regularizada en los programas de subsidios, materializando los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad y solidaridad en contextos de crisis humanitaria.

This research demonstrates the regulatory barriers preventing Venezuelan migrants in Colombia from accessing the right to adequate housing under current social housing frameworks (Decree 1077 of 2015). Despite progressive rulings from the Constitutional Court and protective provisions in Articles 13 and 100 of the Constitution, the non-recognition of legal migration status documents—such as the Temporary Protection Permit (PPT) and Special Residence Permit (PEP)—for national housing subsidies constitutes indirect discrimination based on nationality. Through a legal-doctrinal methodology, the paper formulates a differentiated public policy proposal demonstrating the legal feasibility of modifying Decree 1077 of 2015 under the Ministry of Housing's regulatory powers. This reform aims to integrate regularized Venezuelan migrants into the National Social Housing System, enacting the constitutional values of human dignity, equality, and solidarity during humanitarian crises.