Tipicidad en el delito de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales esenciales en la fase de liquidación en el régimen de contratación exceptuado de las empresas de servicios públicos domiciliarios

En Colombia, las empresas que administran recursos públicos cuentan con un régimen general de contratación, contemplado en la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, denominada Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), y una serie de regímenes exceptuados que aplican normas de derecho especial o privado, como es el caso de las empresas de servicio público domiciliarias. Los contratos celebrados por entidades sujetas al EGCAP se denominan, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, Contratos de Estado, y los celebrados bajo regímenes exceptuados, que por disposición legal incluyen a las Empresas de Servicio Público Domiciliarias, se denominan Contratos Especiales de Estado. Estas últimas entidades están sujetas a un régimen exceptuado de la EGCAP debido a su carácter estratégico y su impacto en el bienestar de la población y sus usuarios, de conformidad con los mandatos constitucionales de los artículos 333, 365 y 367 de la Constitución y su desarrollo jurídico especial consagrado en la Ley 142 de 1994. En el proceso de liquidación de los contratos especiales del Estado celebrados por estas empresas de servicio público (en adelante, ESP), pueden surgir situaciones en las que se cometan irregularidades que den lugar a responsabilidades de distinta índole. Sin embargo, no existe claridad en la legislación vigente sobre cómo tratar este tipo de casos, especialmente en lo que respecta a la determinación de la responsabilidad penal por la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales en la fase de liquidación de las empresas de servicio público domiciliadas. Además, la complejidad de los contratos y la diversidad de actores involucrados (funcionarios públicos, contratistas, subcontratistas, etc.) complican la atribución de responsabilidades.

In Colombia, companies that manage public resources have a general contracting regime contained in Law 80 of 1993 and its modifications, called the General Statute of Public Administration Contracting (hereinafter EGCAP), and a series of excepted regimes that apply special or private law norms, as is the case of domiciliary public service companies. Contracts celebrated by entities subject to the EGCAP are called, according to the jurisprudence of the Council of State, State Contracts, and those celebrated under excepted regimes, which by legal provision include Domiciliary Public Service Companies, are called Special State Contracts. These latter entities are subject to an excepted regime from the EGCAP due to their strategic nature and their impact on the well-being of the population and their users, in accordance with the constitutional mandates of articles 333, 365, and 367 of the Constitution and their special legal development consecrated in Law 142 of 1994. In the liquidation process of special state contracts celebrated by these public service companies (hereinafter ESP), situations may arise in which irregularities are committed that lead to responsibilities of different natures. However, there is no clarity in current legislation on how to treat these types of cases, especially regarding the determination of criminal responsibility for the celebration of contracts without the fulfillment of essential legal requirements in the liquidation phase in domiciliary public service companies. Furthermore, the complexity of contracts and the diversity of actors involved (public officials, contractors, subcontractors, etc.) complicate the attribution of responsibilities.