Evaluación de las medidas regulatorias en la promoción de la competencia sobre la compartición de infraestructura para el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones

Abstract

En los últimos años en Colombia, ha venido un crecimiento exponencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el cual ha puesto en el radar regulatorio por parte del estado, la importancia de poseer una infraestructura sólida y accesible para el despliegue de redes y servicios de telecomunicaciones. El mercado de telecomunicaciones cuenta con una oferta y demanda bastante alta, sin embargo, los costos operacionales de estos servicios son bastante altos, es por eso que este sector se encuentra con retos financieros y operativos bastantes altos para llevar a cabo esas demandas. De esta manera, la compartición de infraestructura ha surgido como una oportunidad y solución a corto plazo para estimular una competencia activa y amortizar los costos relacionados con el despliegue de infraestructura, lo cual impacta directamente en la disminución de la brecha digital y lograr una mayor conectividad, esto especialmente en entornos de alta incidencia y para actividades con barreras de acceso. Ahora bien, el estado a través de la regulación estatal logra desempeñar un papel fundamental que busca garantizar un entorno de competencia justa, en especial en sectores donde la infraestructura tiende a concentrarse en manos de pocas empresas, especialmente en las grandes empresas con capitales fuertes en materia económica.

In recent years, Colombia has experienced exponential growth in information and communication technologies (ICTs), which has placed the importance of a robust and accessible infrastructure for deploying telecommunications networks and services on the regulatory radar of the state. The telecommunications market boasts a high supply and demand; however, the operational costs of these services are quite high, which is why the sector faces significant financial and operational challenges in meeting these demands. Infrastructure sharing has emerged as a short-term opportunity and solution to stimulate active competition and amortize the costs associated with infrastructure deployment. This directly impacts the reduction of the digital divide and the achievement of greater connectivity, especially in high-impact areas and for activities with barriers to access. Furthermore, the state, through regulation, plays a fundamental role in ensuring a fair competitive environment, particularly in sectors where infrastructure tends to be concentrated in the hands of a few companies, especially large corporations with substantial financial resources.