Responsabilidad del estado por el cambio de las condiciones del subsidio familiar de vivienda, producto de la inducción a la ruptura contractual regulada en la relación de consumo donde se pactó una cláusula penal

La presente investigación cualitativa y dogmático-jurídica evalúa la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano (Art. 90 C.P.) derivada de las modificaciones intempestivas al Subsidio de Vivienda Familiar introducidas por el Decreto 490 de 2023. El estudio demuestra cómo la alteración de los requisitos de acceso al programa "Mi Casa Ya" desestructuró el cierre financiero de compradores de bajos y medianos ingresos, induciendo el incumplimiento de promesas de compraventa y encargos fiduciarios suscritos con constructoras. Ante la ausencia de un régimen de transición que tutelara los negocios en curso, los compradores perdieron los subsidios y enfrentaron la activación de cláusulas penales. A través del análisis jurisprudencial del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en materia de daño antijurídico, daño especial y confianza legítima, la investigación demuestra que los consumidores sufrieron un daño antijurídico imputable al Estado, sustentando la viabilidad de la acción de reparación directa para el reembolso de las sanciones contractuales e indemnización de perjuicios.

This qualitative, legal-doctrinal monograph evaluates the state liability of the Colombian government under Article 90 of the Political Constitution, stemming from sudden regulatory modifications to the Family Housing Subsidy introduced by Decree 490 of 2023. The research demonstrates how abrupt changes to access requirements for the "Mi Casa Ya" program disrupted the financial closure (cierre financiero) of low- and middle-income home buyers, directly inducing breaches in pre-construction contracts (promesas de compraventa and fiduciary encargo schemes) signed with developers. Due to the lack of transitional rules protecting ongoing transactions, many buyers lost expected subsidies and were subjected to penalty clauses. Analyzing jurisprudence from the Council of State (Consejo de Estado) and the Constitutional Court regarding non-juridical damage, special damage (daño especial), and legitimate expectations (confianza legítima), the study establishes that affected consumers suffered compensable, non-juridical harm. Consequently, it proposes a structured legal framework supporting direct reparation claims (acción de reparación directa) against the State to recover forfeited savings and contractual penalties.