Como lo evidencia nuestra historia social e institucional, el Estado Colombiano se ha visto enfrentado a un conflicto armado interno1 y a confrontaciones sociales que han generado un permanente estatus de violencia que afecta el orden público y las condiciones normales de existencia que las personas deberían experimentar en el marco de un Estado Social de Derecho. En este contexto de violencia, los actores del conflicto han utilizado los actos de terrorismo como una herramienta directa o indirecta para la consecución de sus intereses, ocasionando perjuicios de distinta índole a las víctimas de los ataques, quienes, generalmente, por la naturaleza del acto, no pertenecen a los grupos combatientes. Así, la población civil constituye el sector social perjudicado en mayor forma por esta clase de actividad armada.
