Implicaciones tributarias del proceso sancionatorio adelantado por la unidad de gestión pensional y parafiscal frente a los rentistas de capital.

Colombia constitucionalmente se define como un Estado Social de Derecho¹, lo que implica unas series de obligaciones positivas y negativas para el estado, que, a nivel de bienestar social trae implicaciones como garantizar el derecho a la salud, el cual debe ser accesible para todos los miembros de la nación. Igualmente, debe crear mecanismos para promover y proteger el trabajo y la seguridad social dentro del país para suscitar una vejez digna. En este sentido, en el año 1993, la Ley 100 reconstruyó el Sistema General de Seguridad Social² (en adelante SGSS), esta ley aborda tres (3) ejes centrales: Riesgos Laborales, Salud y Pensión. Se regula el sistema de salud, creando dos sistemas (subsidiado y contributivo); regula el sistema pensional en cuanto a valor de las cotizaciones, prestaciones económicas, tipos de pensión, requisitos para obtenerla, entre otras, y crea dos regímenes excluyentes sobre los que se pueden realizar los aportes a pensión (Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y Régimen de Prima Media con Prestación Definida); finalmente, regula lo relacionado con los riesgos laborales y las prestaciones derivadas de trabajo. Con posterioridad a esta Ley, se expidieron distintos decretos, resoluciones y leyes complementarias.