Criterios para la configuración de la responsabilidad médica estatal en la práctica de la gineco-obstetricia en Colombia

La responsabilidad médica derivada de los daños generados con ocasión de la prestación del servicio de salud, ha sido objeto de elaboración doctrinal y jurisprudencial durante varios años en Colombia. La práctica profesional de la medicina, definida como una actividad compleja en razón a los riesgos que apareja, no se encuentra exenta de generar daños o perjuicios de los cuales se pueda exigir reparación por vía judicial. Así, una de las especialidades de la medicina con mayor índice de demandas legales en Colombia, solicitando indemnizaciones por los perjuicios ocasionados en el ejercicio de la actividad médico-asistencial1, es la Gineco-obstetricia entendida como la rama de la medicina relacionada con el desarrollo del embarazo, desde la etapa diagnóstica, pasando por el control prenatal, hasta la atención del parto y los fenómenos posteriores al alumbramiento (MELLONI, 1995). La causa más común de las demandas guarda relación con los resultados adversos ocasionados a la madre y/o el hijo durante el parto o con posterioridad al mismo. Atendiendo a esta realidad, durante los últimos años, en sede de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se han resuelto gran cantidad de casos relacionados con la responsabilidad médica de las entidades estatales encargadas de prestar el servicio de salud a través de sus funcionarios o instituciones contratadas para tal fin. Sin embargo, de los fallos emitidos recientemente por el Consejo de Estado es posible vislumbrar que son varios los criterios utilizados por el juez administrativo para deducir la imputación de la responsabilidad médica gineco-obstétrica, los cuales no han sido unificados en nuestro ordenamiento jurídico.