El agua potable como derecho fundamental

El agua es uno de los componentes esenciales para la vida en el Planeta, es un elemento vital para la sostenibilidad de los recursos naturales, la biodiversidad y la vida humana. Sin embargo, la escasez del recurso y el uso indebido, ocasionado por las malas prácticas de control de saneamiento, constituyen en la actualidad amenazas directas y advertencias claras de los cambios requeridos para un desarrollo sustentable. Dicho desarrollo, de acuerdo a Max-Neef, (Tobón Quintero, 2007, pág. 52), implica que las personas son el centro de dicho proceso, en lo el autor citado denomina como “desarrollo a escala humana”. Esto quiere decir que el desarrollo se debe concentrar y sustentar en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto independencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. Cuando el desarrollo se contempla como ese proceso integrador de aspectos sociales, ambientales, tecnológicos, jurídicos entre otros, es posible entender que el agua y las medidas para el saneamiento, desempeñan roles de vital importancia en la constitución de un modelo de desarrollo sustentable, y como componentes para la consolidación de medidas económicas, políticas y jurídicas de carácter integral. Agua y saneamiento son entonces elementos conjuntos, que los ordenamientos jurídicos deben regular para permitir el uso adecuado de los recursos naturales y por ende la realización de los derechos humanos. Es por este último motivo, que este artículo pretende analizar el abordaje que los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia local de la Corte Constitucional Colombiana, han realizado sobre la relación entre agua y saneamiento. Y a partir de esto, establecer el discurso jurídico en torno a la forma como el agua ha pasado de ser un simple bien de uso común, a estar su acceso clasificado como derecho fundamental, cuando está destinada para el consumo humano. Buscando así exponer los marcos de referencia encontrados y su posible aplicabilidad en casos concretos de grupos socioeconómicamente vulnerables.