Análisis de la jurisprudencia constitucional entorno a la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores en situación de discapacidad

La Constitución Política de 1991 al adoptar la fórmula política de Estado Social de Derecho, reconoció a la dignidad humana, la solidaridad y el trabajo, como fundamentos de la organización política colombiana. Estos postulados, tratándose de personas en situaciones de debilidad manifiesta o en situación de indefensión, ha permitido el desarrollo legal y jurisprudencial de acciones afirmativas, tendientes a contrarrestar factores de discriminación que desde ataño impidieron a este grupo de personas el acceso a bienes escasos y deseados como son los puestos de trabajo. Uno de estos grupos poblacionales históricamente discriminados por su condición de debilidad manifiesta, son sin duda alguna los empleados que padecen algún grado de discapacidad producto de una disminución física, sensorial o psíquica, para quienes la Corte Constitucional ha desarrollado con gran ímpetu desde la sentencia C-531 de 2000, un tipo de estabilidad laboral que la misma Corporación ha denominado como reforzada, ya que no sólo se orienta al derecho del empleado de conservar su puesto de trabajo y de no ser desvinculado en razón a su limitación, sino que también trasciende mucho más, al permitirle al empleado el goce de garantías tales como el derecho a la capacitación y a la reubicación a un puesto de trabajo acorde con su especial situación.