Autorregulación en el mercado de valores : el caso colombiano

En Colombia la población femenina corresponde a los 22.3 millones, es decir que representa más del 50% de la población total. A favor de este grupo históricamente marginado, la Constitución consagra el deber del Estado de promover acciones afirmativas que permitan cerrar los márgenes de discriminación que afrontan las mujeres. Sin embargo, estas acciones no han sido implementadas de manera frontal dentro del conflicto armado, y en esta medida no ha sido posible generar un acercamiento a las condiciones y necesidades de género presentes en las confrontaciones; por ello, las mujeres siguen sufriendo de manera desproporcionada las consecuencias del desplazamiento forzoso, el asesinato, el reclutamiento forzado, la explotación sexual y otro sin número de violaciones a sus derechos fundamentales, que en suma, constatan la inobservancia del Derecho Internacional Humanitario, por parte de los actores armados (Fuerza Pública y grupos armados) y la falta de mecanismos efectivos dentro del Estado para la reparación de los derechos humanos conculcados.