La idoneidad del control inmediato de legalidad para la protección de poblaciones vulnerables en el marco de estados de excepción.

A raíz de la pandemia causada por el COVID-19, ha surgido un fenómeno en materia de regularización de situaciones migratorias, específicamente en materia de expedición de los salvoconductos de permanencia (en adelante, salvoconducto SC2). Esto, debido a que con la expedición de la Resolución 1006 de 2020 se suspendió la emisión de salvoconductos SC2 por parte de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, lo que se convirtió en un impedimento para el acceso a la salud, puesto que en la legislación interna colombiana no está contemplada la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud con una constancia de salvoconducto SC2. De esta manera, por las decisiones tomadas por el Gobierno nacional, se ha generado una barrera administrativa para que la población solicitante de refugio pueda acceder a sus derechos fundamentales, puntualmente el derecho a la salud.

As a result of the pandemic produced by the COVID-19, a phenomenon has been spotted in regard to the regularization of migrants statuses, specifically with the issuance of the Safe Passage. With the issuance of the 1006 Resolution of 2020, the issuance of the SC-2 Safe Passage by the Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia was suspended indefinitely. In consequence, this decision made by the National Government has generated an obstacle for the people seeking to be recognized as refugees to have access to the healthcare system, because, according to the Colombian legislation, it is not an option to enroll in the general healthcare system with a proof of the safe passage.