El derecho al mínimo vital de agua en Cali, la focalización del gasto para su garantía y la necesaria intervención de los jueces constitucionales para el amparo cuando se rompan las condiciones mínimas para su otorgamiento.

El acceso a un mínimo vital de agua potable es un derecho de carácter fundamental reconocido jurisprudencialmente por la Corte Constitucional. Su garantía y protección, ha exigido el despliegue de actuaciones específicas de parte de las autoridades nacionales y locales y ha generado la intervención del juez constitucional para fijar parámetros para su materialización para toda la población, sin condicionamiento alguno. En el siguiente texto, luego de un breve acercamiento a la normatividad nacional e internacional que han reconocido el derecho al agua, su avance a derecho de carácter fundamental y las condiciones especiales para su reconocimiento tomando como referencia tres países latinoamericanos, se analizan las condiciones de su garantía en la ciudad de Cali y las medidas que se han adoptado y adoptarían en un futuro por parte de los jueces constitucionales al amparar el derecho a población que no es beneficiaria del Acuerdo No. 370 de 2014, por medio del cual el Consejo de Cali creó el programa de mínimo vital del agua potable, las cuales se circunscriben casi que a una obligación en cabeza de la Empresa de Servicios Públicos domiciliarios, sobre la base de poner por encima del concepto de rentabilidad económica, el valor superior de la dignidad humana, de tal manera, que los servicios públicos se presten sin discriminación, así de dicha actividad no se obtengan ganancias. (Corte Constitucional colombiana, Sentencia T-752, 2011)