Drogas ilícitas en Colombia: los límites de la erradicación y las tareas por hacer

Durante más de medio siglo, la política de drogas ha movilizado enormes recursos para reducir la producción, el tráfico y el consumo de sustancias ilícitas. Sin embargo, los mercados ilegales han mostrado una gran capacidad de adaptación: cambio de rutas, aparición de nuevos actores y desplazamiento de la producción entre territorios. En los países productores, una parte importante de la política se ha concentrado en reducir los cultivos de suo ilícito. Sin embargo, las mayores rentas de esta cadena se generan en las últimas etapas del proceso, que incluyen el procesamiento, el transporte, la exportación, la distribución y el lavado de activos. Esto plantea una pregunta de política pública: cuánto debe intervenir el Estado y dónde puede hacerlo con mayores resultados y menores costos económicos y sociales. Colombia es uno de los casos más claros de esta tensión. Durante décadas ha combinado aspersión aérea, erradicación manual, sustitución voluntaria, desarrollo alternativo e interdicción. Estas políticas han destruido grandes extensiones de cultivos de hoja de coca y afectado distintos componentes del narcotráfico, pero no han producido una reducción sostenida de la producción de la cocaína.

For more than half a century, drug policy has mobilized vast resources to curb the production, trafficking, and consumption of illicit substances. However, illegal markets have demonstrated remarkable adaptability, shifting routes, seeing the emergence of new actors, and relocating production across territories. In producer countries, a significant portion of policy has focused on reducing illicit crops. Yet, the greatest profits in this chain are generated during the final stages of the process—including processing, transport, export, distribution, and money laundering. This raises a public policy question: to what extent should the State intervene, and where can it do so to achieve the best results while minimizing economic and social costs? Colombia exemplifies this tension. For decades, the country has employed a mix of aerial spraying, manual eradication, voluntary crop substitution, alternative development, and interdiction. While these policies have destroyed vast areas of coca crops and disrupted various aspects of the drug trade, they have failed to bring about a sustained reduction in cocaine production.